El sistema de bienestar infantil pone a los niños en riesgo. ¿Es hora de abolirlo?

Aunque la experiencia de Peoples había recibido atención de los medios, el segmento de CBS representó un momento decisivo. Uno de los programas de noticias más vistos, con una audiencia de casi 5.5 millones de personas, estaba hablando sobre los problemas sistemáticos con el sistema de bienestar infantil que han sido relegados durante mucho tiempo a grupos de activistas y académicos. El sistema de bienestar infantil en gran parte ha sido ignorado por los medios, y lo poco que se cubre típicamente se enfoca en echarle la culpa a las agencias de bienestar infantil después de la muerte de un niño. 

Es difícil exagerar que tan poca atención los medios convencionales le han prestado a otros problemas con el sistema, que críticos dicen se parece más a las fuerzas policiales que servicios sociales, dado a su habilidad para vigilar a los padres e imponer el castigo máximo: la terminación de derechos parentales. Las familias atrapadas en el sistema carecen de muchos derechos básicos al debido proceso al navegar una burocracia punitiva, y típicamente no reciben un abogado hasta que el estado busque custodia temporal o permanente de su hijo ante un tribunal. A pesar de todo, los niños en el sistema con frecuencia no están más seguros; las tasas de maltrato de niños en hogares de acogida son abismales, y la investigación ha mostrado que a los niños dentro del sistema les irá peor en múltiples medidas que niños que permanecen en sus hogares. 

Pero en 2020, a raiz del asesinato de George Floyd por la policia de Minneapolis, eso empezo a cambiar. Mientras las protestas estallaron tras el país, la idea de la abolición de la policía y las prisiones salió de los círculos activistas y académicos a la corriente principal. Por primera vez, muchos en el país comenzaron a argumentar sobre cuestiones de la encarcelación masiva, las grandes disparidades en cómo se vigilan las comunidades, y si enjaular a las personas nos hace más seguros. 

Al observar las protestas, Dorothy Roberts, una profesora de derecho en Universidad de Pensilvania y autora de dos libros sobre los daños del sistema de bienestar infantil, se volvió ​“cada vez más preocupada que el sistema de vigilancia familiar estaba ausente de las demandas para abolir a la policía,” le dijo a una audiencia en conferencia el año siguiente. ​“Algunos activistas,” continuó, ​“hasta recomendaron transferir fondos, recursos y autoridad de departamentos policiales a agencias del departamento de salud y servicios humanos que manejan la protección infantil” — sin reconocer que esas agencias reprimen a la gente negra y gente de otras comunidades marginalizadas tanto como la policía. 

Dentro del mundo del trabajo social, ese asunto se había convertido en un debate intenso. En julio de 2020, respondiendo a demandas para que los trabajadores sociales llegaran a ser personal de primera intervencion, Alan Dettlaff, en ese tiempo decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Houston, escribio un articulo de opinion en el Houston Chronicle, notando que el trabajo social tiene sus propios problemas abundantes con el racismo, ya que trabajadores sociales en el sistema de bienestar infantil ya ​“vigilan, castigan, y separan a los niños negros de sus padres excesivamente.”

En ese tiempo, Dettlaff, ex-trabajador de bienestar infantil, estaba ayudando a lanzar el Movimiento upEND, una organización cuyos miembros de alto perfil tenían un principio fundamental, similar a las demandas para la abolición policial y de prisiones: el sistema de bienestar infantil no debería de existir. Según su salva inicial, el Movimiento upEND — basado en la Universidad de Houston — ​“trabaja para crear una sociedad en que la separación forzosa de los padres e hijos ya no sea una intervención aceptable para las familias necesitadas.”

No fue la primera vez que se hacía tal argumento. En su libro de 2021, Lazos destrozados: el color del bienestar infantil, un texto fundamental sobre el racismo en los sistemas de protección infantil, Roberts argumentó por una reforma fundamental del sistema. Pero 20 años después, sus esperanzas para la reforma se habían atenuado. Cuando regreso al tema para su libro de 2022, Desgarrado: cómo el sistema de bienestar infantil destruye a las familias negras y cómo la abolición puede construir un mundo más seguro; Roberts llegó a la conclusión que el sistema no debería ser reformado, que lo que se necesita es una ​“manera radicalmente nueva para cuidar a las familias.”

Al mismo tiempo, la Universidad de Houston se estaba convirtiendo en un foco del movimiento, ya que upEND invitó a activistas abolicionistas prominentes como Angela Davis a hablar. Aunque muchos activistas impactados por el sistema ya habían adoptado ideas abolicionistas — ya sea como padres que perdieron sus hijos al sistema de cuidado sustitivo o jóvenes que crecieron en régimen de acogida familiar — upEND fue la primera organización académica repitiendo sus demandas. El movimiento llamó la atención en toda la profesión del trabajo social, y el número de estudiantes matriculados en la escuela de trabajo social. subió más de 30%, ya que varios estudiantes buscaban una educación enfocada en el trabajo social progresista. 

Junto con la creciente atención a las injusticias de los sistemas policiales y penitenciarios, también hubo un aumento en el periodismo investigativo sobre los daños del sistema del bienestar infantil después de 2020. Anteriormente, los medios cubrian a CPS por lo general solo en cuanto a casos de abuso infantil horrificos — que con frequencia resulto en represion y un aumento en la separación de los niños de sus familias — reporteros empezaron a enfocarse en el abuso del sistema en si, incluyendo a la separacion innecessaria de padres y sus hijos; el abuso sistematico de niños de crianza, y lazos dañinos entre profesionales medicos y CPS que resultan en separaciones familiares injustas durante crisis de salud de los niños. 

Luego, en 2022, llegó el segmento de CBS sobre el caso de Vanessa Peoples, llamando la atención sobre estos temas a miles de personas. Roberts y Dettlaff fueron citados extensamente, explicando el carácter punitivo del sistema y trayendo ideas abolicionistas a las masas. 

Parecía que había llegado el momento del movimiento.

Nueve días después del programa, Dettlaff fue expulsado abruptamente de su posición como decano en la Escuela de Graduados en Trabajo Social. 

Demasiado defectuoso para reformar

La abolición del sistema del bienestar infantil es una demanda atrevida. A fin de cuentas, ¿las agencias de CPS que no protegen a los niños del abuso? ¿Quién los protegería sin esas agencias?

CPS si interviene en casos de abuso físico y sexual, pero la gran mayoría de niños en investigaciones de bienestar infantil corroboradas — 76% en 2021 — sufrieron negligencia, un término general para describir a niños cuyos necesidades básicas no se están satisfaciendo, desde pasar hambre a ser recogidos tarde de la escuela. Subyacente a muchas alegaciones de la negligencia es el problema fundamental de la pobreza. Pero cuando CPS interviene en las vidas de familias en dificultades, raramente aborda la causa fundamental de forma productiva, como asistencia para encontrar un hogar estable. El apoyo que si proveen las agencias, dicen los activistas, es con frecuencia coercitivo — como exigir, bajo la amenaza de perder a sus hijos, que los padres atiendan a una cantidad exhaustiva de clases, pruebas de drogas, y juntas que, para familias pobres luchando para salir adelante, son difíciles para completar. En algunos lugares — como Adams County, en Colorado, donde vive Vanessa Peoples — los padres tienen que pagar por los servicios que son forzados a atender. 

CPS también opera como un sistema fundamentalmente racista, según décadas de investigación. Un analisis de 37 estudios en 2021 encontro que los niños negros son desproporcionadamente impactados a cada paso: es mas probable que sus familias sean investigadas por el abuso; es mas probable que tales allegaciones sean corroboradas; y es mas probable que sean trasladados a cuidado de crianza. Dentro del sistema, pasan más tiempo ahí que otros niños, es menos probable que sean reunificados con sus padres, y son menos propensos a ser adoptados. Un estudio encontro que 53% de niños negros a nivel nacional pasan por una investigacion de CPS durante su niñez. Niños negros e indigenas tambien son estadisticamente mas propensos a ser pobres, y familias en vecindarios pobres y de color son reportados a CPS con mucho mas frecuencia que los que vienen de hogares mas ricos y blancos. 

Por décadas, esos problemas impulsaron las demandas para reformar el sistema. Después de que Dorothy Roberts publicó Lazos destrozados en 2021, sirvió en un grupo de trabajo como parte del acuerdo de un caso contra el sistema de bienestar infantil de Washington, por infligir daño psicológico y emocional en niños de crianza. Casi una década después, el grupo de trabajo fue disuelto, habiendo logrado pocos de sus objetivos. Roberts llegó a creer que las pequeñas mejoras que pudieron hacer — como mejores protocolos para mantener juntos a los hermanos y mover menos a los niños de casa a casa — solo modificaron a un sistema que era inherentemente racista y fundamentalmente defectuoso. 

“Creo que los abogados de los niños tenían buenas intenciones; querían ponerle fin a estas situaciones terribles para los niños de crianza,” Roberts me dijo en una entrevista de 2021 para mi libro, We Were Once a Family: A Story of Love, Death, and Child Removal in America [Una vez fuimos una familia: Una historia de amor, muerte y separación de los niños en América]. ​“Y nuestro grupo de trabajo tenía buenas intenciones; queríamos mejorar el sistema del cuidado sustituto. Pero así no se puede arreglar — no se puede arreglar para nada, es mi conclusión.”

Dettlaff, quien comenzó su carrera como trabajador social en CPS en Texas, tuvo un camino similar a la abolición. En 2005, la legislatura de Texas dirigió a la agencia estatal de cuidado sustituto a investigar la desproporcionalidad racial en su sistema. Era parte de un reconocimiento mas grande tras el pais que el sistema de bienestar infantil tenia un impacto excesivo en niños de color, particularmente los niños negros e indigenas. Por la proxima decada, Dettlaff y otros investigadores publicaron datos sobre la prevalencia de, y razones por, el numero excesivo de niños negros afectados por CPS y los efectos negativos que experimentaron comparados con niños blancos. 

El ambiente politico cambio en los años 2010, en parte porque los academicos conservadores, como Elizabeth Bartholet, de Harvard, argumentaron que el enfoque en las disparidades raciales dejaron a los niños negros en peligro del maltrato. Los fondos para la investigación sobre la desproporcionalidad desaparecieron; la agencia investigadora del sistema de Texas perdió sus fondos y cerró en 2018. Dettlaff estaba desanimado; ¿cual fue el punto de todos estos grupos de trabajo — avanzar soluciones, o solo trabajar para dar la impresión que algo se estaba haciendo?

Dettlaff, junto con cuatro académicos que habían estudiado la desproporcionalidad con la organización sin fines de lucros, El Centro para el Estudio de la Política Social — Kristen Weber, Bill Bettencourt, Maya Pendleton y Leonard Burton — empezaron a leer textos de la abolición policial y penitenciaria, y realizando que las igualdades son componentes fundamentales del sistema del bienestar infantil, en vez de ser un problema que se podía reformar. 

En 2020, esas reuniones culminaron en la creación del Movimiento upEND, nombrado por su objetivo de volcar la narrativa sobre el bienestar infantil, para cambiar el enfoque desde las familias en dificultades a un sistema problemático. 

“Lo que yo he visto,” dice Dettlaff, ​“es que las reformas le piden al sistema de bienestar infantil hacer lo imposible. Le piden al sistema que forzosamente separe a las familias de una forma que es un poco menos racista, un poco más amable, y un poco más tolerable para el público en general. Y eso simplemente no es posible. La separación familiar causa daño cada vez. Y hasta que eso termine, el sistema jamás cambiará.”

Una visión abolicionista

Un argumento común en contra de la abolición es que los que quieren desmantelar el sistema de bienestar infantil son inflexibles — que no pueden ver la necesidad para lo que hacen los trabajadores de protección infantil, que los niños vulnerables serán dañados sin trabajadores sociales para protegerlos. 

Algunos académicos anti-abolicionistas hasta argumentan que las familias negras son desproporcionablememnte representados en el sistema porque los niños negros estan en mayor riesgo de abuso, señalando tales factores como tasas de matrimonio mas bajas en las comunidades negras. Como Naomi Schaefer Riley, del Instituto Americano De Negocios (AEI, por sus siglas en ingles), argumenta, ​“Si los niños negros estan en mayor peligro de ser abusados o descuidados que niños blancos — el maltrato infantil es altamente correlacionado con la estructura familiar, y hogares biparentales no son distribuidos uniformemente entre razas en este pais — entonces es el deber del sistema de bienestar infantil progejerlos, a pesar del color de su piel.”

La verdad es que, aunque la investigación sobre las tasas de abuso y demografía racial es mixta, el predictor más fuerte del maltrato infantil es, en realidad, el estatus socioeconómico — la pobreza, no la raza. Lo que también se ignora es como las determinaciones del abuso son investigadas por individuos con sus propias creencias y prejuicios. 

A pesar de todo, los abolicionistas entienden que el abuso de menores es un problema serio — muchos lo han vivido ellos mismos. Zara Raven, una activista abolicionista basada en Filadelfia, sufrió abuso en su casa familiar antes de ser trasladada a cuidado de crianza. Pero ahí, Raven también sufrió de abusos; fue separada de sus hermanos y dejada en una casa de crianza, donde dice que fue repetidamente asaltada. Se escapo como adolescente y se quedo sin hogar — como miles de chicos de crianza cada año — y practico el sexo de supervivencia a cambio de donde quedarse en lo que termino la prepa. ​“No tuve opciones en cualquier parte del proceso,” recuerda Raven. 

La realización de Raven que había sufrido abuso interpersonal — por su familia — y violencia estatal — en cuidado sustituto — la convirtió en abolicionista. ​“El estado no es una herramienta que puede crear la seguridad,” dice Raven ahora. ​“Más bien, el estado es otra herramienta violenta que con frecuencia revictimiza a los sobrevivientes del abuso.”

Otros abolicionistas, como Joyce McMillan, fundador del grupo abolicionista Just Making a Change for Families (Solo Haciendo un Cambio Para Las Familias en español), notan que el sistema actual está demasiado enfocado en casos marginales, dejando a los trabajadores sociales mal equipados para reconocer y enfrentarse con el abuso más severo. ​“La primera cosa que los [detractores] dicen es, “¿Y los niños que realmente necesitan ayuda?” dice McMillan, quien tuvo experiencia con el sistema cuando CPS temporalmente le quitó sus hijos en los años ​‘90. Pero en un sistema de bienestar infantil que mete a demasiados niños a la custodia estatal, donde los trabajadores sociales rutinamente manejan demasiados casos, el abuso más serio pasa inadvertido. ​“Así que no se trata de, ¿y los niños que necesitan ayuda?” — se trata de cómo ayudar a la gente que en realidad necesita ayuda, y dejar a los demás en paz.”

La visión de los abolicionistas sobre una alternativa es más matizada que dicen los críticos. Quieren desmantelar los aspectos de vigilancia y castigo del sistema del bienestar infantil — que la investigación demuestra que disminuyen la confianza comunitaria — y reemplazarlo con una red de apoyo que no es punitiva. La idea es que, cuando las necesidades de la gente se vean satisfechas, son menos propensos a dañar a los demás, y las comunidades empoderadas tendrán mejores oportunidades para intervenir. 

“Necesitamos colectivos de cuidado infantil,” dice Raven. ​“Necesitamos equipos de bienestar. No hay una sola intervención, pero un cambio importante en las condiciones que necesitamos es que necesitamos a comunidades enteras tomando responsabilidad por el cuidado de los jóvenes, y formando relaciones con ellos, para que la gente tenga a donde ir si están sufriendo violencia — y podremos escuchar a los jóvenes sobre cómo quieren responder.”

La distinción fundamental entre los abolicionistas y reformadores es la insistencia de los abolicionistas sobre los cambios que reducen, no crecen, el sistema — similar al reconocimiento que inundar a los departamentos de policía con dinero no resolverá a la brutalidad policial. Llamadas ​“reformas no-reformistas”, estos cambios se enfocan en aumentar los derechos de los padres y separar a menos niños en primer lugar. 

Algunos de estos objetivos son ambiciosos, como la demanda para revocar la Ley de Adopción y Familias Seguras (ASFA, por sus siglas en inglés). Pasada en 1997, la ley pone en marcha un reloj el día que un niño es separado de sus padres; si un niño permanece en el cuidado sustituto por 15 de 22 meses consecutivos, los estados son requeridos a iniciar la terminación de los derechos de sus padres. La ley fue pasada con el objetivo de realojar a los niños en cuidado sustituto a hogares permanentes — con el entendimiento de que esos hogares probablemente serían familias adoptivas, no la reunificación familiar. 

Defensores de los padres involucrados en el sistema dicen que los problemas que están atravesando las familias, incluyendo el abuso de sustancias y la inseguridad habitacional, no serán fácilmente resueltos dentro de 15 meses, particularmente con el enfoque punitivo del sistema. En muchos condados de Texas, por ejemplo, abogados para el departamento de servicios para la familia y de protección de Texas automáticamente presentan una petición para rescindir los derechos parentales inmediatamente después de que un niño es separado de su familia. Aunque también crean un plan, supuestamente para reunir a los niños con sus padres, si cualquier artículo en la lista no es completado durante el plazo federal de ASFA, o si los padres cometen errores, la petición para la terminación de derechos queda al alcance. 

Los abolicionistas también están demandando el retroceso de las leyes de informe obligatorio. Cada estado requiere que ciertas profesiones — generalmente los maestros, trabajadores sociales, y doctores — reporten el abuso o descuido sospechado. Algunos estados, como Wyoming, Texas y New Jersey, consideran a cada residente como reportero obligatorio. 

A primera vista, es difícil entender que tiene de malo el informe obligatorio. ¿Que no todos deberíamos ser responsables para mantener a los niños seguros? En realidad, la investigación revela que las leyes de reporte obligatorio no identifican a más niños abusados, y que las leyes desproporcionadamente impactan a las familias negras y pobres. ​“Las leyes de informe obligatorio se enfocan en lanzar una amplia red,” dice McMillan. El entrenamiento que reciben los maestros, trabajadores sociales y profesionales médicos como reportadores obligatorios es ​“vago y amenazante,” resultando en una mentalidad de ​“Más vale prevenir que lamentar,” que hace más mal que bien.

Algunas reformas no-reformadoras ya están siendo implementadas en jurisdicciones estatales y locales tras el país — y no solo donde lo esperarías. En Septiembre, Texas empezará a requerir a los trabajadores sociales a informar a los padres sobre sus derechos al comienzo de una investigación, algo que los activistas llaman ​“Miranda de familias.” El estado también prohibió la mayoría del reportaje anónimo y descuido a CPS, para reducir el número de alegaciones no corroboradas por personas usando el sistema para acosar a sus ex-parejas. Proyectos de ley casi idénticos fallaron en Nueva York este año frente a la resistencia de la agencia de bienestar infantil de la ciudad de Nueva York. Pero Texas pasó ambos proyectos de ley con apoyo de ambos partidos políticos con poca fanfarria, con la legislatura extremadamente conservadora viendo el tema de la perspectiva de derechos parentales. Esta alianza improbable — de los progresistas y republicanos, ambos enraizados en diferentes ideas sobre las familias — ha resultado en que los conservadores ahora utilizan términos abolicionistas para limitar los excesos del sistema de bienestar infantil. 

“Que te separen de tu hijo es una de las acciones más serias policiales que uno puede tomar,” representante estatal de Texas James Frank, autor republicano de la ley familiar Miranda, me dijo a principios de este año. Hay controles y contrapesos para gente enfrentada a cargos criminales, dijo Frank, y con buena razón. “¿Pero la separación familiar? Hay proceso debido, pero no casi tan consistentemente.”

Luego Luchan Contigo

Frente a crecientes demandas para abolir el sistema de bienestar infantil, también avanza la lucha ideológica entre los trabajadores sociales, algunos con su raíz en el movimiento transformativo de 2020. 

Ese verano, los perfiles mediáticos de equipos de crisis compuestos de policía y trabajadores sociales introdujeron la posibilidad de colaboración para reducir las matanzas policiales de gente sufriendo una crisis de salud mental. Hasta el ex-presidente Donald Trump referenció a la posibilidad cuando firmó una orden ejecutiva que incentivaría más colaboración. ​“Esto es lo que estudiaron y en lo que han trabajado todas sus vidas” Trump dijo sobre los trabajadores sociales. ​“Tendremos a los mejores en nuestro departamentos policiales trabajando con la policía.”

Angelo McClain, ex-director de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, la organización de membresía de trabajadores sociales mas grande del país, escribió un artículo de opinión en el Wall Street Journal afirmando que ​“los trabajadores sociales tienen un rol cada vez más integral en las fuerzas policiales, ayudando a los oficiales a hacer su trabajo más efectivamente y humanamente y confrontar sus prejuicios raciales y culturales.” 

Pero no todos estaban de acuerdo. En la Universidad de Houston, Alan Dettlaff vio al plan como miope y perjudicial a las reputaciones de los trabajadores sociales en comunidades pobres. ​“El trabajo social siempre ha tenido un complejo de inferioridad — la sensación que no fuimos reconocidos como profesión en la manera que nos merecemos,” me dijo Dettlaff. ​“Y ahora, de repente, algunos de los líderes en nuestro movimiento estaban aprovechando este momento…para ser vistos como la solución para todos los problemas con la vigilancia policial.”

En julio de 2020, Dettlaff escribió su artículo de opinión del Houston Chronicle. Notó los problemas con el racismo en el sistema de vigilancia familiar y argumentó que los trabajadores sociales colaborando con la policía es ​“absolutamente no” lo que deberían estar haciendo. ​“No podemos seguir siendo cómplices en lo que sabemos que es una institución dañina y racista.”

La pieza lanzó un escándalo interno en la Universidad de Houston. Tres miembros del consejo asesor del colegio de posgrado se resignaron. Una trabajadora social retirada, Beverly McPhail, escribió un email al consejo asesor, diciendo que el argumento de Dettlaff debería haberse hecho ​“detrás de puertas cerradas dentro de la profesión de trabajo social, no anunciada en los medios.”

Escribiendole a Dettlaff directamente, el email de McPhail lamentó que Dettlaff ​“pudo haber tomado esta oportunidad como decano para prácticamente escribir un comercial gratis para nuestra escuela.” Más bien, continuó, se ​“enfocó en el pasado racista de la profesión de trabajo social y rechazo a la policía como demasiada racista para trabajar con ellos.”

El conflicto de la Universidad de Houston señala hacia una división más fundamental que ha existido dentro de la profesión del trabajo social desde sus inicios: ¿Los trabajadores sociales deberían ayudar a la gente individual a resolver sus problemas y mejorar sus vidas? ¿O tienen una misión más grande para luchar contra las fuerzas sistémicas que oprimen a los pobres en primer lugar?

En los 1800s, varios trabajadores sociales abogaron por programas sociales que mitigan la pobreza a un nivel sistémico, como el movimiento de casas de asentamiento para apoyar inmigrantes recientes y los pobres en ciudades en rápida industrialización, o programas del New Deal (Nuevo Trato) como el Programa de Ayuda para las Familias con Hijos Dependientes. 

Pero mucho de ese trabajo se enfocaba en ayudar a las familias blancas. Jane Addams, quien co-fundó la Hull House, una casa de asentamiento, fue, como muchos de sus contemporáneos, eugenista; las personas negras estaban prohibidas de vivir en las casas de asentamiento que el trabajo de Addams inspiró tras el país. La Ley de Seguridad Social del Nuevo Trato creó programas de bienestar, pero las leyes sistemáticamente negaron apoyo a familias negras a nivel estatal y federal.

Después de la Primera Guerra Mundial, trabajadores sociales progresistas que lucharon por soluciones sistemáticas a la pobreza fueron tildados como comunistas. ​“Durante los Temores Rojos, el trabajo social [como profesión] estaba alineado con el gobierno, y básicamente delataron a los trabajadores sociales que estaban hablando sobre la igualdad, la justicia — cosas que el gobierno Americano estaba diciendo, ​‘Si dices estas cosas, eres comunista,’” dice Justin Harty, profesor asistente en la Universidad Estatal de Arizona que estudia la historia del trabajo social.

Ahora, la historia se repite una vez más. En muchos lugares, los trabajadores sociales progresistas y académicos están luchando para situar la educación en trabajo social en principios abolicionistas. Cameron Overton, que lidera el programa de Maestría en Trabajo Social en la Universidad de Alverno en Milwaukee, está intentando crear un currículo enteramente abolicionista – según él, el único programa de maestría de trabajo social para hacerlo. ​“No quiero que sea como, diversidad, igualdad e inclusión, donde tomas un curso sobre la abolición, un curso sobre la diversidad cultural,” dice Overton. ​“Formará parte esencial de nuestro currículo.”

El programa está admitiendo su primera clase de estudiantes este otoño, y los títulos de las clases introductorias son reveladoras, como ​“El comportamiento y las necesidades no satisfechas” y ​“Los clientes son personas”.

En otras partes, los estudiantes de trabajo social abolicionista se han enfrentado con resistencia. Elena Gormley era estudiante de posgrado en trabajo social en la Universidad de Illinois Chicago cuando, como parte de un proyecto de grupo en 2020, ella y sus compañeros crearon una guia llamada ​“Alternativas en vez de llamar a DCFS [el Departamento de Servicios a Niños y Familias].” La guía detalla la vaguedad del ​“descuido” y como los prejuicios afectan quien es reportado a las agencias de protección infantil. Incluye recursos locales, como bancos de alimentos y programas de asistencia financiera para el cuidado infantil, para contactar para asistir a las familias en dificultades, y también una guía para determinar si llamar a CPS es necesario. 

El proyecto de Gormley recibió un 10, y la guía fue diseminada por todas partes, hasta en otros programas de trabajo social. Pero cuando Gormley lo mandó a una lista de distribución de correo electrónico de su escuela, la universidad inició procedimientos disciplinarios, alegando que ​“el contenido del email impulso a estudiantes a cometer un crimen, que podría causar el daño o muerte de un niño.” La queja oficial llama a las acciones de Gormley poco profesionales e inmorales, y alega que el comportamiento de Gormley ​“indica que no es apta para la profesión.”

Gormley pasó cinco semanas defendiéndose contra una letanía de violaciones de conducta, ante la amenaza de expulsión. Tuvo éxito y se graduó en 2021, pero la experiencia fue terrible. 

Aun así, Gormley mantiene que los argumentos abolicionistas están ganando terreno a altos niveles. Jerry Milner, líder de la Oficina de Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo Trump, públicamente abogo por ​“cambio radical y reemplazo general del sistema actual,” por ejemplo. 

“Ha habido un cambio significativo, y viene de organizaciones que no son particularmente radicales,” dice Gormley. ​“Así que pienso que si le conviene a la profesión entera pensar, ¿hay otras maneras para hacerlo? ¿Hay mejores maneras para hacerlo para mantener unidas a las familias y ser más solidarios?”

Si los líderes de la industria reconocen que las familias deberían estar unidas cuando sea posible, es claro que los abolicionistas ya no están en los márgenes. Pero ya que una idea se toma en serio, sus proponentes se vuelven una amenaza. 

La crisis existencial del trabajo social

Cuando preboste interino de la Universidad de Houston Bob McPherson anunció su decisión para expulsar a Alan Dettlaff de su trabajo como decano, en diciembre de 2022, muchos estudiantes en la escuela de posgrado estaban escandalizados. Algunos escogieron a la Universidad de Houston por su postura abolicionista, y —según cartas de grupos estudiantiles a la administración — ninguno había sido consultado o contactado antes de la expulsión. ​“La mayoría de la gente estaba sorprendida — yo estaba totalmente sorprendida,” dice Eve Ryan, quien en ese tiempo era estudiante en el programa y organizó protestas en contra de la decisión. 

En el aviso, McPherson escribió que había expulsado a Dettlaff ​“para mejor alinear el programa con las prioridades académicas de la universidad, que incluyen aumentos en gastos de investigación y la elevación de la experiencia educacional para los estudiantes.”

Según Dettlaff, McPherson le dijo que la expulsión estaba impulsada por quejas, como sobre la decisión de Dettlaff de dejar de mandar a estudiantes de posgrado a los departamentos policiales y del fiscal, que algunos profesores sintieron que dañó la reputación de la institución. Adicionalmente, McPherson allego que algunos profesores sentían que las posiciones abolicionistas de Dettlaff estaban poniendo en riesgo su financiación en forma de subvenciones — específicamente, un programa de subvenciones federales que paga por la educación de algunos estudiantes si se comprometen a trabajar para CPS después de graduarse. (Dettlaff dice que no hay evidencia que ese es el caso, y que ​“la subvención es renovada cada año.”) Representantes de la Universidad de Houston se negaron a hacer comentarios, y McPherson no respondió a varias solicitudes de comentarios.

Dettlaff aún es profesor en la universidad, pero su expulsión como decano atrajo atención tras la profesión del trabajo social, y no era la única señal de retroceso. Kristen Weber, otra fundadora del movimiento upEND, dejó su rol en El Centro para el Estudio de la Política Social en 2022, en parte porque sentía que no podía vocalizar su apoyo por el abolicionismo. Algunos fundadores filantrópicos no apoyan los programas abolicionistas, dice Weber, y otros abolicionistas en la profesión han sido sutilmente expulsados o despedidos. 

En Julio, Angela Burton, abolicionista y asesora en asuntos del bienestar infantil para el sistema jurídico de Nueva York, quedó por testificar en el congreso sobre los problemas de la vigilancia familiar pero su empleador le negó el permiso, y cuando insistió, fue despedida. ​“Esto demuestra la intensidad de la resistencia al cambio,” dijo Burton a la publicación de bienestar infantil nacional The Imprint. “[Hay] un reconocimiento que este sistema opresivo está en peligro, porque se dice la verdad sobre el sistema.”

Justin Harty, de la Universidad Estatal de Arizona, dice que el clima político se siente evocador de momentos anteriores de retroceso. ​“Creo que, ahorita, estamos en el tercer Temor Rojo,” dice. ​“No se como vamos a avanzar, porque creo que muchos trabajadores sociales tienen miedo.”

Aunque la situación es desalentadora, también representa algo de éxito. Por un movimiento que llegó a la atención nacional solo hace tres años, ha habido interés profundo en tales ideas por toda la profesión. ​“Nunca he visto tanto interés tan rápidamente — ni tampoco su rechazo,” dice Weber, ahora en el Centro Nacional de Derecho Juvenil. ​“El retroceso significa que hemos tenido éxito en cuestionar la visión dominante, y cambiar las cosas. Y cuando estás cuestionando las cosas, el sistema lucha para mantener su poder y relevancia.”

Dorothy Roberts es escéptica ante la idea de que la profesión pueda seriamente apoyar la abolición. ​“Para mi, hay cuestión de que si hasta es posible transformar al trabajo social en una profesión equitativa,” dice. ​“Hasta la idea que los trabajadores sociales puedan resolver los problemas sociales es parte de esta perspectiva carcelaria de que los problemas sociales son causados por los que los viven, en lugar de la gente en poder.”

Roberts está a favor de apoyo para la gente pobre, pero también siente que, si el sistema de trabajo social sigue atado al gobierno, este apoyo estará vinculado con un enfoque carcelario a los problemas sociales. Dice que ​“una precondición de transformación radical — para lo cual podemos ver esperanza en las formas en que algunos estudiantes de trabajo social han desafiado esa ideología — sería la desvinculación con el gobierno, e invitar a los trabajadores sociales a reimaginar e implementar una visión nueva.”

Eve Ryan, quien recibió su diploma esta primavera, ve algunas posiciones de trabajo social como menos dañinas que otras, como trabajar para oficinas de defensa legal como los Bronx Defenders, cuyos trabajadores sociales están protegidos de leyes de reporte obligatorio por el privilegio abogado-cliente. 

Pero reducir y desmantelar un sistema dañino es solo el primer paso. Para verdaderamente llegar a la abolición, tiene que haber un impulso para apoyo anti-carcelario — esencialmente, la inversión en nuestra red de protección social, que ha sido sistemáticamente desmantelada. 

“Hay comunidades que han, a propósito, sido destruidas y desatendidas, envenenadas,” dice Weber. ​“Y luego le echamos la culpa a familias individuales por dañar o descuidar a sus hijos, y hemos creado un esquema legal para facilitar la separación de esas familias.

Creo que la resistencia que vemos es porque, si cuestionas la narrativa de que familias individuales están dañando a los niños, tienes que reconocer y responder a estos problemas estructurales más grandes.”