El plan de la Casa Blanca para detener la migración protege las ganancias empresariales—no a las personas

En Junio, la Casa Blanca anunció más de $1.9 mil millones en ​“compromisos del sector privado” con Honduras, Guatemala y El Salvador como parte del ​“Llamado a la acción” de la vicepresidenta Harris para abordar las causas fundamentales de la migración desde el norte de Centroamérica. La ironía que aparentemente se le escapa a la Casa Blanca es que está promoviendo el mismo modelo económico que ha provocado que tantos se vean obligados a abandonar sus hogares y emigrar en primer lugar. Estados Unidos ha promovido durante mucho tiempo los intereses empresariales, que generan ganancias para las empresas estadounidenses y las élites locales, a expensas de la mayoría de los pueblos del norte de Centroamérica, y este nuevo ​“Llamado a la acción” no es diferente.

Una de las características que definen las economías de Honduras, Guatemala y El Salvador es el pequeño grupo de familias extremadamente poderosas cuyos imperios empresariales controlan gran parte de la economía de cada país. Conocido como ​“la oligarquía”, el poder que ejercen sobre los sistemas políticos y económicos de cada país no puede ser exagerado. Muchos miembros de la oligarquía han amasado enormes riquezas empobreciendo a las mayorías, ya sea pagando salarios miserables en las plantaciones agrícolas, beneficiándose de las tierras indígenas robadas o ejerciendo influencia sobre los actores políticos para conseguir contratos estatales favorables.

Uno de los ​“compromisos empresariales” anunciados por la vicepresidenta Harris para supuestamente abordar la migración es que la empresa de ropa estadounidense SanMar comprará más a Elcatex, un fabricante de ropa con sede en Honduras del que es parcialmente propietario. El Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), una organización de mujeres que trabajan en la maquiladoras de confección en Honduras, que lleva mucho tiempo denunciando los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo y las graves lesiones por movimientos repetitivos que sufren en la industria textil de Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido una petición presentada por CODEMUH y el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos en nombre de 26 mujeres que han sufrido trastornos musculoesqueléticos como consecuencia de su trabajo en las maquilas de Honduras, entre ellas tres trabajadoras de Elcatex con presunta discapacidad parcial permanente. La petición alega que estas trabajadoras se enfrentan a ​“jornadas laborales excesivas, lugares de trabajo inadecuados y la imposición de un sistema en el que la remuneración depende de alcanzar metas de producción.” En el 2019, Elcatex se unió a otras fábricas de ropa en Honduras para abrir una ​“Escuela de espalda y hombros” para ayudar a prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Sin embargo, estas escuelas se han enfrentado a críticas, así como a denuncias de que trabajadores no pueden poner en práctica algunas de las recomendaciones, como hacer pausas durante la jornada laboral.

La Casa Blanca sostiene que el compromiso de SanMar de comprar más a Elcatex creará 4,000 puestos de trabajo adicionales y así ayudará a disminuir la migración. Irónicamente, Elcatex y muchas de las fábricas de ropa de Honduras están situadas en el corredor industrial del norte, en una zona de alta migración. Si la Casa Blanca se tomara en serio la necesidad de abordar las causas raíces de la migración, reconocería que los bajos salarios son uno de los principales motores. La ​“llamada a la acción” de la Casa Blanca debería ser que las empresas de textil estadounidenses garanticen salarios dignos y derechos laborales, incluyendo cambios para evitar que trabajadores sufran lesiones permanentes.

¿Quién será el verdadero beneficiario del aumento de las compras de SanMar a Elcatex? Según el anuncio de la Casa Blanca, la propia SanMar, con sede en Estados Unidos, es copropietaria de Elcatex, por lo que los beneficios de este aumento de las compras llenarán sus propios bolsillos. Elcatex también es propiedad de Jesús Canahuati, uno de los mayores empresarios de Centroamérica y parte de una de las familias más poderosas de Honduras.

Otro de los ​“compromisos del sector privado” celebrados por la vicepresidenta Harris es el de la Fundación Terra, la fundación del Grupo Terra. El Grupo Terra es un enorme conglomerado propiedad de Freddy Nasser, uno de los hombres más poderosos de Honduras.

El imperio energético del Grupo Terra incluye a Hidro Xacbal, S.A., propietaria del Proyecto Hidroeléctrico Xacbal y del Proyecto Hidroeléctrico Delta Xacbal en Quiché, Guatemala. Estos proyectos están situados en territorio indígena maya Ixil, donde los militares guatemaltecos, entrenados y apoyados por Estados Unidos, llevaron a cabo un genocidio a principios de la década de 1980. Como escribe el Dr. Giovanni Batz en la revista NACLA, ​“Los Ixiles han resistido históricamente contra los invasores, desde los españoles hasta los finqueros cafetaleros y las corporaciones que construyen megaproyectos.” En marzo de 2015, las comunidades ixiles de Nebaj cuyos cultivos iban a ser afectados por la construcción de un túnel de 4 kilómetros para el Proyecto Hidroeléctrico Xacbal Delta del Grupo Terra protestaron y rechazaron públicamente el proyecto. También en 2015, las fuerzas de seguridad guatemaltecas reprimieron violentamente al pueblo ixil que bloqueaba la construcción del proyecto Xacbal Delta.

En diciembre del 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala acusó a Edwin Alberto Hernández Roque, gerente general de Hidro Xacbal, S.A., de soborno, supuestamente en beneficio de Hidro Xacbal, S.A. con contratos de energía, como parte de un caso en el que se alega que una red de empresarios y ex funcionarios públicos utilizó el Ministerio de Energía y Minas para obtener beneficios económicos ilícitos. En el 2021, Hernández Roque aceptó colaborar con los fiscales del caso a cambio de que se retiraran los cargos en su contra.

Otra parte de la fortuna del Grupo Terra proviene de la venta de energía al Estado de Honduras. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras ha operado con un enorme déficit durante años, que proviene en parte de pagar precios sobrevalorados por la energía producida por empresas privadas. Muchos contratos energéticos lucrativos fueron adjudicados a la oligarquía del país por los gobiernos que siguieron al golpe de Estado de 2009. Según una investigación de la organización jesuita ERIC, la ENEE paga el 70% de su presupuesto anual para comprar energía a empresas privadas, de las cuales el Grupo Terra es el mayor ganador - con sus empresas recibiendo 327 millones de dólares en el 2019 por 11 contratos de energía. El ERIC informa además que la ENEE paga seis veces más a las empresas privadas por generar electricidad que lo que le cuesta a la propia ENEE producirla. Los proyectos solares son especialmente lucrativos para las empresas privadas, y Honduras paga un precio exorbitantemente más alto por la energía solar que otros países de Centroamérica.

Al golpe de Estado del 2009 le siguieron 12 años de saqueo y corrupción, y ahora la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y un nuevo Congreso han prometido combatir la corrupción y restaurar las instituciones del Estado. Como parte de esto, Honduras aprobó recientemente una nueva ley de energía que, entre otros elementos, permite al gobierno renegociar los contratos por los que compra energía a los productores privados de energía y establecer tarifas más razonables. La embajadora de Estados Unidos en Honduras criticó la ley en Twitter cuando fue presentada en el Congreso hondureño, expresando su preocupación por su efecto en la inversión extranjera. Esto hace temer que los verdaderos motivos de Estados Unidos sean los beneficios empresariales.

El anuncio de la vicepresidenta Harris también celebró que la empresa de telecomunicaciones Millicom, con sede en Luxemburgo, invertirá 700 millones de dólares ​“para ampliar y mantener sus redes móviles y de banda ancha”. Aunque una mejor Internet es ciertamente algo bueno, la idea de que Millicom está haciendo esto por cualquier razón que no sea aumentar sus beneficios corporativos es ridícula.

El mercado de telefonía móvil y banda ancha de Centroamérica está muy concentrado; Tigo, de Millicom, controla el 53,1% en Guatemala y el 62,5% en Honduras. Tigo Guatemala es la empresa más rentable de Millicom, con un margen de rentabilidad operativa astronómico. La empresa informa de un importante potencial de aumento de ganancias mediante la ampliación de la accesibilidad a Internet. Su servicio Tigo Money, una cartera móvil vinculada a un número de teléfono, recibe remesas que los migrantes envían a sus familiares en su país.

Invertir para ampliar su negocio es, sin duda, una buena jugada empresarial para Millicom, y con muy poca competencia está prácticamente garantizado que esta inversión se traducirá en importantes beneficios. Los beneficios, sin embargo, irán a parar en gran parte a su sede en Luxemburgo y a sus accionistas en el mercado de valores Nasdaq, no a los clientes de Tigo en Centroamérica. Miles y miles de usuarios de Tigo seguirán emigrando a Estados Unidos cada año, enriqueciendo los beneficios de Millicom cuando envíen remesas a su país a través de Tigo Money.

En una reciente audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la representante Ilhan Omar (demócrata de Minnesota) expresó su escepticismo sobre los compromisos empresariales del ​“Llamado a la Acción”. Se refirió a una reciente delegación en la que participó en Centroamérica, explicando que ​“lo que escuchamos fue un montón de historias sobre las inversiones privadas transnacionales como causa de la migración.… sobre megaproyectos que desplazan a las comunidades, sobre la explotación laboral”.

En lugar de abordar las causas fundamentales de la migración, el anuncio de la Casa Blanca es una celebración de las corporaciones internacionales y las oligarquías centroamericanas que intensifican su dominio sobre las economías del norte de Centroamérica. Si la Casa Blanca se tomara en serio la necesidad de abordar las verdaderas causas de la migración, habría afrontado con honestidad la sangrienta historia de intervención de Estados Unidos en la región, incluidos los golpes de Estado y la financiación y el apoyo a los regímenes militares mientras llevaban a cabo atrocidades. Estados Unidos debe liberarse por fin de la mentalidad de ​“república bananera” que ve la región como una fuente de recursos naturales y mano de obra barata y empezar a respetar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos de la región.

Como mínimo, el ​“Llamado a la Acción” de la Casa Blanca debería pedir a las empresas estadounidenses que operan en la región que paguen salarios dignos y respeten los derechos laborales, que respeten la tierra y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y que obedezcan, en lugar de intentar debilitar, las leyes nacionales pertinentes. El actual ​“Llamado a la Acción” es todo lo contrario: proporciona a las empresas relaciones públicas gratuitas y ayuda a las empresas que pueden beneficiarse del despojo, los abusos laborales y la corrupción a blanquear sus marcas. Resume bastante bien las prioridades de Estados Unidos hacia Centroamérica: El verdadero interés es, y siempre ha sido, el beneficio empresarial.