Los escuadrones de muerte persiguiendo a los defensores del medio ambiente
Por todo el mundo, las fuerzas gubernamentales atacan a los activistas medioambientales con impunidad—y con el apoyo de Estados Unidos.
Alessandra Bergamin ARTE POR Matt Rota
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Antes de que la luz del día comenzará a oscurecerse, Brandon Lee le envió un mensaje de texto a la Hermana Genny: “Hasta ahora,” le dijo a la monja, ”siento que me están observando.”
Era martes 6 de agosto de 2019, y la temporada de monzones llegó con tormentas tropicales en las montañas de la Cordillera, el interior rural de la isla filipina de Luzón. En Ifugao, la provincia de Lee, la amenaza de un diluvio había pasado, dejando atrás cielos plomizos y el calor pegajoso de la temporada de lluvias. Por una semana, después de una difícil decisión tomada con su esposa, Bernice, Lee apenas había salido de su casa en el municipio de Lagawe. Ya no salía a trabajar a la oficina, ya no acompañaba a su sobrina y a su hija a la escuela, ya no iba a ningún lado a pie.
Mientras Lee le escribía a la Hermana Genny, recalentaba pollo y arroz y compartía la comida con su hija de 7 años, Jesse Jane. Alrededor de las 5:45 p.m., Lee salió para alimentar a sus perros. Mientras raspaba la carne de los huesos de pollo sobrantes, escuchó un estruendoso crujido. Su cuerpo se derrumbó. Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos. Luego salió Jesse, gritando.
Hasta ese día, Lee, un activista sinoestadounidense del Área de la Bahía de San Francisco, había considerado la Cordillera su hogar durante casi una década. Fue donde se enamoró, donde se casó con Bernice y formó una familia. También fue donde se involucró con el Movimiento Campesino Ifugao (IPM), una alianza de grupos organizando a agricultores locales y pueblos indígenas contra las corporaciones que ocuparon y despojaron de los recursos de sus tierras ancestrales.
Filipinas se encuentra entre los países más ricos en minerales del mundo. Desde la aprobación de una ley de 1995 que permite la titularidad extranjera de la tierra, el gobierno filipino ha dado prioridad a las empresas mineras y de desarrollo por encima de su propia gente y el medio ambiente. La Cordillera, con sus montañas onduladas, arrozales en terrazas y ríos que tallan valles, está llena de minerales que extraer y vías fluviales que aprovechar. Y mientras las corporaciones secan a los ríos y destruyen los medios de vida de los campesinos en un saqueo a nivel nacional apoyado por el Estado, también es un lugar donde los derechos humanos son abusados con impunidad.
En Ifugao, eso ya había significado el asesinato de dos líderes indígenas del IPM en cuatro años: William Bugatti en 2014 y Ricardo Mayumi en 2018. Ambos habían estado involucrados en activismo ambiental y de derechos humanos, incluyendo, para Mayumi, luchando contra un proyecto hidroeléctrico que bloquearía los ríos, desplazaría las comunidades e impediría la capacidad de los habitantes locales para cultivar arroz. Ambos habían recibido amenazas de muerte, y en ambos casos sus agresores nunca fueron encontrados. Pero los activistas filipinos reconocieron señales familiares que sugieren que el ejército estaba involucrado.
Cuando Lee, quien había estado viviendo en otra parte de Luzón, asistió al funeral de Bugatti en 2014, sus camaradas del IPM le pidieron que se regresara a Lagawe y continuará con el trabajo del activista. Pero el regreso de Lee marcó el comienzo de una mayor vigilancia y acoso de miembros de la IPM por parte del 54º Batallón de Infantería, una de las numerosas unidades de las fuerzas armadas que han recibido financiación y apoyo de Estados Unidos. A fines de julio de 2019, dijo Lee, un líder de batallón visitó su casa y su oficina, tocando sin descanso mientras Lee se escondía silenciosamente. Una semana después, le dispararon en su propio patio.
Mientras Jesse corrió a casa, un charco de sangre se formó alrededor del cuerpo colapsado de Lee. Podía mover la cabeza, los ojos y la boca, pero le costaba hablar. Cuando llegó su cuñado, Lee tuvo que pronunciar cada letra del nombre de su esposa, y le pidió que llamara a Bernice. Primero fueron con prisa a un pequeño hospital local, luego a un hospital regional a una hora de distancia. Ninguno podía ayudar; Lee necesitaba un hospital tres horas y media más lejos. En algún punto entre los picos y desniveles de las estrechas carreras de montaña, la ambulancia se averió. Luego, Lee se quedó sin oxígeno, y comenzó a vomitar sangre.
Bernice alcanzó a la ambulancia, y Lee, pensando en el grito de su hija, se disculpó una y otra vez.
Cuando por fin llegaron al Hospital General de Baguio unas seis horas después, el personal médico le preguntó a Lee que había ocurrido. No había visto la pistola ni a la persona que la apuntaba. Pero en sus últimos momentos conscientes, Lee les dijo lo que estaba seguro que era cierto: “Fueron los militares.”
Entre 2012 y 2022, en todo el mundo, un defensor ambiental fue asesinado cada dos días, según el grupo internacional de derechos humanos Global Witness. Esto equivale a casi 2,000 campesinos, granjeros, pescadores y activistas asesinados por defender sus tierras de algunos de los mayores contribuyentes de emisiones de gases de invernadero — incluyendo las corporaciones mineras, madereras, y de agronegocios — tanto como proyectos hidroeléctricos, que tienen su propio impacto ambiental ruinoso.
En este terrible balance, los pueblos indígenas enfrentan índices de violencia significativamente desproporcionados, porque casi siempre están al frente de la lucha.
Los territorios indígenas protegen a aproximadamente el 80% de la biodiversidad del mundo, incluyendo las tierras, ríos, océanos y bosques que sirven como importantes sumideros de carbono. Pero sus tierras también son el foco de una intensa especulación de la industria extractiva. Si bien Estados Unidos ha firmado tratados medioambientales internacionales como el Acuerdo de París o 30×30 (un plan de diversidad que busca proteger 30% de los espacios naturales de aquí a 2030), la capacidad de mitigar los efectos del cambio climático depende en última instancia en la protección de los defensores del medio ambiente, quienes se enfrentan con la vigilancia, intimidación, acusaciones falsas y, cada vez más, las desapariciones forzadas. Algunas comunidades — en su mayoría zonas rurales cerca de proyectos extractivos — se enfrentan a campañas de bombardeos indiscriminados. Como ocurrio en la Cordillera — donde los bombardeos precedieron a los ataques contra Bugatti, Mayumi y Lee — estos ataques con frequencia presagian mayor violencia. Se encuentran cadaveres, a veces mutilados o con evidencias de tortura, en barrancos, bidones de plastico y fosas comunes. Nadie es declarado culpable, pero los indicios a menudo apuntan a corporaciones, el crimen organizado y grupos armados no estatales.
El estado, también, es frecuentemente cómplice — particularmente en países que designan a los defensores ambientales como “terroristas,” sugiriendo que las ejecuciones extrajudiciales son cuestiones de seguridad nacional.
In These Times trazó la violencia contra defensores del medio ambiente entre 2014 y 2024 en 10 países críticos. Usando la misma metodología que un grupo de vigilancia del Departamento de Estado, recopilamos datos de fuentes públicas para identificar de forma conservadora los asesinatos de 573 activistas medioambientales. De ese número, casi la mitad involucró al Estado.
En Brasil, 24 de 53 casos involucraron a la policía o al ejército, incluyendo una masacre de activistas participando en una ocupación de tierras en 2017. En India, la policía estuvo involucrada en 40 de 44 asesinatos durante la última década, incluyendo varias manifestaciones contra proyectos mineros o apropiaciones de tierras. En Perú, la policía fue responsable por 13 de 18 matanzas, en su mayoría activistas protestando contra proyectos extractivos de industria.
En Guatemala, los defensores medioambientales indígenas protestando por una compañía minera en 2021 se enfrentaron con ataques de la policía, militares y agentes de inteligencia. Se utilizó gas lacrimógeno y se incendiaron casas. En Brasil, algunos policías trabajan para el gobierno de día y como seguridad privada para compañías extractivas durante la noche.
Las compañías poderosas le dicen a los gobiernos, “Necesitamos tu protección,” dice Michel Forst, el primer Relator Especial de las Naciones Unidas sobre defensores del medio ambiente, cuya posición fue creada en 2022 para abordar los crecientes ataques contra activistas. “Y, claro, el gobierno proteja los intereses de las compañías.”
Filipinas se considera el país más peligroso para defensores del medio ambiente en Asia, con ataques que se remontan al assesinato en 1980 de Macli-ing Dulag, un hombre indigena Kalinga de la Cordillera quien fue asesinado por los militares mientras protestaba un proyecto hidroeléctrico. Un análisis conservador sugiere que hay evidencia de participación del Estado en 109 de 210 asesinatos de este tipo en la última década — más de la mitad.
En 2017, 8 defensores ambientales indígenas del pueblo Lumad fueron asesinados por el 27.º Batallón de Infantería después de protestar por la expansión de una plantación de café en sus tierras ancestrales. La violencia fue tan brutal que una mujer tuvo que colocar parte del cerebro de su marido nuevamente en su cráneo para prepararlo para el entierro.
En 2020, en la isla de Panay, nueve líderes indígenas del pueblo Tumandok, también luchando contra un proyecto hidroeléctrico, fueron secuestrados, torturados y asesinados esa misma noche, en una operación policial y militar sincronizada. La masacre silenció una comunidad y abrió el camino para una megarepresa.
En 2023, los granjeros Aimee y Jover Villegas fueron presuntamente asesinados por miembros de la Unidad Geográfica de las Fuerzas Armadas Civiles, una fuerza paramilitar entrenada y fundada por el gobierno. En un pais donde granjeros y los pueblos indigenas son frecuentemente automaticamente considerados como activistas medioambientales — porque la agricultura de subsistencia inherentemente los coloa en desacuerdo con los intereses corporativos o extractivos — a Aimee le cortaron la garganta y le apuñalaron el pecho, y a Jover le arrancaron el ojo izquierdo: una ilustración de la tortura que sufrieron antes de ser asesinados.
El carácter oculto de los asesinatos y el involucramiento de los militares, paramilitares y policías locales hace que sea difícil trazar la complicidad del estado, ni se diga rastrearlos a actores geopolíticos más poderosos — como el aparato militar neocolonial estadounidense que ha por mucho tiempo abierto el camino para la extracción de recursos, y los intereses corporativos y financieros que en última instancia se benefician. Sin embargo, en muchos estados — incluidas Filipinas y gran parte de America Latina — las guerras contra el terrorismo y las drogas bajo las cuales se llevan a cabo estas ejecuciones son extensiones de la hegemonia estadounidense, y se llevan a cabo con armas y entrenamiento estadounidense.
Aunque el Departamento del Estado condena tales asesinatos – y, en 2017, hasta formó un grupo de trabajo interinstitucional para monitorear y abordar la violencia contra los defensores medioambientales — en la práctica, Estados Unidos casi nunca ha tenido que asumir responsabilidad por los asesinatos locales de activistas por los gobiernos que apoya.
Pero cuando un ciudadano estadounidense como Brandon Lee es atacado, el público comienza a seguir el camino a Estados Unidos en busca de respuestas.
La intimidación comenzó en 2015, cuando Lee regresó a Lagawe para continuar con el trabajo de Bugatti asistiendo en la defensa de los presos políticos. Ese Abril, 11 miembros de IPM recibieron sobres cafes con las palabras, “Mayo Gris, Junio Sombrio, Julio Sin Cielo”, junto con una fotografía de una manta funeraria tradicional Ifugao. La manta, intrincadamente tejida con rayas rojas, blancas y negras era una amenaza implícita de la muerte: si continuaban con el trabajo de Bugatti, tendrían el mismo destino.
Al mismo tiempo, Lee y IPM comenzaron a protestar contra un proyecto de represa nuevamente contratado, el Complejo Hidroeléctrico Alimit, que se extendería entre los ríos Ibulao y Alimit. El proyecto es propiedad de y operado por SN Aboitiz Power — una colaboración entre una compañía energética noruega y Aboitiz Power, una corporación privada de una familia oligárquica filipina amigable con presidentes filipinos anteriores y actuales.
Mientras Europa y Norteamérica están derribando represas en lugar de construirlas, la industria hidroeléctrica está en auge en todo el mundo en desarrollo. Con frecuencia promocionada como una forma de energía renovable, la energía hidroeléctrica funciona mucho como las industrias extractivas, reproduciendo no sólo las consecuencias ambientales — como la deforestación y pérdida de biodiversidad — sino también el costo humano. Las comunidades son desplazadas, las tierras de cultivo quedan sumergidas, la pesca de subsistencia se destruye, las fuentes de agua se ahogan, y la resistencia se encuentra con intimidación y violencia. En Filipinas, otras megarepresas de SN Aboitiz Power ya han devorado vastas expansiones de tierra, ríos y campos de arroz que antes estaban en las manos de pueblos indígenas y granjeros.
En un comunicado por correo electrónico, SN Aboitiz Power sostuvo que siguen estándares sociales y ambientales locales e internacionales, están comprometidos a un proceso transparente e inclusivo, y dan la bienvenida a perspectivas opositoras. La compañía se enteró de los ataques contra Mayumi y Lee a través de informes de noticias, afirmando, “SN Aboitiz Power deplora cualquier forma de violencia y acoso.”
En Ifugao, cuando comenzó el proceso de aprobación de Alimit, emergieron patrones familiares. Aboitiz solicitó los derechos a las tierras ancestrales indígenas. Los que protestaron se encontraron “etiquetados en rojo” — públicamente declarados como terroristas. Una o dos veces por semana, se publicaban fotografías de miembros de IPM, incluyendo a Lee, fueron posteados en redes sociales populares en Ifugao, vinculando los activistas con el Nuevo Ejército Popular (NPA), la rama armada del Partido Comunista de Filipinas. Un grupo insurgente maoista, el NPA es conocido por entablar enfrentamientos armados con el ejército filipino, atacar infraestructura de industria extractiva, e imponer su propia forma de justicia contra “contrarrevolucionarios”, a menudo civiles. Pero la etiqueta de “NPA” también se ha vuelto una forma para que el gobierno desacredite a los activistas, estén conectados al grupo insurgente o no. Dos años antes del asesinato de William Bugatti en 2014, su nombre fue incluida en una lista militar de presuntos miembros de la NPA, aunque Lee y otros activistas dicen que nunca estaba involucrado con el grupo insurgente.
Ya para 2018, la persecución iba en aumento. Se distribuyeron folletos por todo Lagawe incluyendo los nombres de miembros de la IPM, incluyendo a Lee, y la frase, “cómplices del terrorista NPA en Ifugao.” En respuesta, el IPM emitió una declaración firmada por representantes políticos locales, condenando las acusaciones como “mentiras maliciosas.”
Aunque los volantes eran anónimos, el consenso entre los activistas filipinos y grupos externos como Human Rights Watch es que la mayoría, si no toda la persecución está relacionada con el Estado. La práctica, a menudo un preludio de la violencia, no sólo desacredita a los activistas pero desmantela movimientos enteros y erosiona la solidaridad entre activistas y comunidades impactadas. Batallones y divisiones militares también han posteado imágenes en las redes sociales que supuestamente mapean las conexiones entre activistas locales y el NPA a través de una serie de líneas y flechas, similar a un tablero de evidencia policial. (En Facebook, el 54.º Batallón ha sostenido constantemente que proclamar que los activistas son miembros del NPA no equivale a una “etiqueta roja”, incluso usando el hashtag #ThereIsNoRedTagging (#NoHayEtiquetaRoja en Español)
“Cualquier organización es terrorista ahora,” reflexiono un ex-líder del IPM, Dick, quien fue etiquetado como terrorista junto con Lee (y quien pidió no usar su apellido por temor a ser atacado nuevamente.)
En medio del intenso acoso, en marzo de 2018, el miembro del IPM Ricardo Mayumi — quien había liderado la oposición a otro proyecto hidroeléctrico en Ifugao — y quien también había sido falsamente vinculado con el NPA — fue asesinado a tiros afuera de su casa. El Movimiento de los Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y la Liberación acusó a la Unidad Geográfica de las Fuerzas Armadas Civiles — el mismo grupo paramilitar afiliado al gobierno presuntamente involucrado en las matanzas de la familia Villegas.
Ese mismo año, el presidente Rodrigo Duterte — que entonces libraba su sanguinaria “guerra contra las drogas”, que resulto en por lo menos 2,555 asesinatos relacionados con la policia — formo un grupo de trabajo anticomunista que puso fin a las conversaciones de paz con el NPA e inaguro una nueva campaña de intimidación y violencia. Como concluyó un relator especial de la ONU, mucho del trabajo del grupo de trabajo equivalía a “la persecución de defensores ambientales y de derechos humanos.”
Ya para 2019, otra relatora especial de la ONU — Victoria Tauli-Corpuz, cuyo enfoque eran los derechos de los pueblos indígenas — fue etiquetada en rojo, ya que el Departamento de Justicia de Filipinas la incluyó en una lista de más de 600 personas que el gobierno de Duterte esperaba declarar terroristas. Tauli-Corpuz es de la Cordillera, donde su hermano, Steve Tauli, se ha estado organizando contra un proyecto hidroeléctrico.
En Lagawe, Lee y el IPM comenzaron a enfrentar acoso directo. En abril de 2019, el sargento de la 54.º Batallón de Infantería., Joel Campilis, y otro oficial de alto rango visitaron a la oficina del IPM, diciéndole a Lee que querían “asociarse” con la organización — que Lee y sus colegas interpretaron como una demanda para proveer información sobre aquellos relacionados en el movimiento. Lee mostró reticencia, citando una masacre recente en la isla de Negros Oriental, donde la Policia Nacional de Filipinas mato a 14 granjeros despues de llamarlos terroristas por defender los derechos de los campesinos. Al mes siguiente, otros oficiales del batallón regresaron a la oficina, preguntando a los colegas de Lee sobre su paradero, sus finanzas, y donde asistía su hija a la escuela.
Luego llegó ese día a fines de julio, cuando oficiales militares visitaron el hogar de Lee y luego a su oficina, tocando por media hora mientras que Lee y un estudiante se negaron a abrir la puerta. Cuando parecía que se habían ido, Lee salió y vio a cuatro personas escondidas detrás de un cobertizo cercano. Vestidos en combinación de ropa civil y uniforme militar, pero sin etiquetas de nombre, dijeron que representaban al 54º Batallón. Un oficial tomó fotos de Lee en su celular. Otro lo presionó nuevamente para que trabajara con su unidad.
“Te daré dos nombres, y podrán decirle a su jefe por que somos reticentes a colaborar con ustedes,” dijo Lee. “William Bugatti y Ricardo Mayumi. Tu jefe entenderá por qué.”
Después de eso, Lee dejó de ir a la oficina, y pasó desapercibido. Una semana después, tres miembros del IPM recibieron visitas de la policía y los militares, todos el mismo día, y al menos a uno le preguntaron sobre su relación con Lee. Fue el día en que le dispararon a Lee.
En los días siguientes a su traslado urgente al Hospital General de Baguio, los doctores intentaron extraer los fragmentos de bala dentro de su cuerpo, aunque no podían determinar si una bala se había astillado, o si cuatro le habían desgarrado la columna, el hombro, la cara y el brazo. Durante la operación, Lee sufrió su primer paro cardiaco. Después de siete paros cardiacos adicionales, la familia y amigos de Lee fueron avisados que tal vez no sobreviviera una más. En la unidad de cuidados intensivos, Lee, tan consumido por el dolor que no podía tomar la mano de su esposa, le dijo a Bernice, “Ya estoy listo para irme.”
La condición de Lee lentamente se estabilizó, pero permaneció en la UCI durante aproximadamente un mes. Según un reporte de derechos humanos, durante ese tiempo, tres agentes de policía, supuestamente proporcionando seguridad, estaban estacionados a la entrada del hospital 24 horas al día. La familia y los amigos de Lee respondieron con su propia vigilancia las 24 horas junto a su cama, preocupados de que alguien pudiera intentar matarlo nuevamente.
La investigación policial no les había inspirado confianza. Le dijeron a la familia de Lee que el 54.º Batallón no estaba bajo investigación, y que alguien del IPM probablemente era el responsable — algo que Bernice consideró absurdo. Hasta donde ella y Lee sabían, no tenía enemigos — menos que el Estado.
Ya que se aumentó el escrutinio internacional, la narrativa del gobierno cambió repetidamente. Inmediatamente después del asalto de Lee, el comandante del 54º Batallón de Infantería, Narciso B. Nabulneg Jr. le dijo a una estación de televisión estatal que el batallón había determinado que el IPM era parte de la insurgencia del NPA en Ifugao. Algo como una semana después, un comunicado de prensa del gobierno afirmó que Lee tenía una “relación armoniosa” con la unidad. El sargento Campilis afirmó que Lee había “invitado voluntariamente a las fuerzas gubernamentales a la oficina del IPM.” Ese comunicado de prensa fue posteriormente eliminado del sitio web estatal. Más tarde aun, declaraciones de un líder de la Policía Nacional acusaron que Lee era un miembro del NPA, y que los grupos de solidaridad entre Estados Unidos y Filipinas operan como fachas de reclutamiento.
Pero el tipo de evidencia concreto que podría conectar a los militares con el tiroteo seguía fuerte del alcance. Cuando un investigador policial intentó recuperar las balas del ataque, los doctores determinaron que retirarlas sería demasiado riesgoso después de los paros cardiacos repetidos de Lee. Así que permanecieron alojados dentro del cuerpo de Lee, un recuerdo constante de lo que ve como la complicidad gubernamental en el atentado contra su vida — complicidad que comienza con las fuerzas armadas Filipinas y termina a miles de kilómetros de distancia.
“Es un recordatorio de lo que Estados Unidos les está haciendo a los activistas en todo el mundo”, dice Lee. “Y de qué lado están.”
Los 10 países críticos que In These Times examinó — en que cerca de la mitad de los asesinatos de defensores ambientalistas pueden ser vinculados con el Estado – también son países que han recibido equipo, entrenamiento y armamento sustanciales de Estados Unidos para operaciones de guerra, contraterrorismo y programas antinarcóticos. Muchos están en América Latina, donde la historia poscolonial de Estados Unidos ha involucrado la extracción intensiva de recursos, y campañas militares — cosas que a veces están entrelazadas. Entre 2014 y 2022 (el último año en que hay datos disponibles), Estados Unidos colectivamente envió más de $4 mil millones de dólares en asistencia de seguridad a estos países.
Una serie de casos de abusos confirmados de derechos humanos contra defensores se han relacionado con esa asistencia.
En Honduras, tres ex-oficiales militares hondureños entrenados por Estados Unidos estuvieron involucrados en el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, una activista indigena Lenca quien estaba luchando contra un proyecto hidroelectrico. (Uno, ex-oficial de inteligencia Roberto David Castillo Mejía, fue posteriormente declarado culpable de ordenar y planificar el ataque.)
En Colombia, el mayor receptor de asistencia de seguridad de Estados Unidos, el grupo de derechos humanos Oficina de Washington para América Latina documento varias instancias en que policías y militares amenazaron y acosaron a activistas que participaron en la huelga nacional de 2021, incluyendo un contingente de manifestantes que bloquearon el acceso a una planta petrolera para protestar el daño infligido por las industrias extractivas. Después, 55 miembros del Congreso mandaron una carta a la Secretaria de Estados Anthony Blinken demandando la suspensión de asistencia de seguridad a la policía de Colombia.
Ese mismo año, seis miembros del Congreso le escribieron a Blinken sobre alegaciones que los jeeps que prohíbe el Departamento de Defensa a Guatemala se usaron para acosar a activistas indígenas protestando a una compañía minera en El Estor. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental documentó varias otras instancias de uso indebido en Guatemala, señalando el hecho preocupante que los departamentos de Estado y Defensa no tienen una política para investigar tales casos.
Filipinas remonta su relación militar con Estados Unidos a casi 50 años de ocupación estadounidense. Aunque Estados Unidos se retiró en 1946, Filipinas aún dependía de las Fuerzas Armadas estadounidenses para armas y equipamiento. En 1980, cuando el activista indigena ambientalista Macli-ing Dulag recibió un disparo, las balas fueron trazadas a un rifle automático de la época de la Primera Guerra Mundial, fabricado en Estados Unidos.
“El ejército filipino fue diseñado por Estados Unidos desde el principio, desde la colonización,” dice el reverendo Luisito Saliendra, un defensor de derechos humanos basado en el sur de Tagalog, donde policía y el ejército mataron a nueve activistas el 7 de marzo de 2021, en el masacre de “Domingo Sangriento”. “No se nada de un ejército que esté diseñado por los filipinos.”
Hoy, Filipinas es el mayor receptor de asistencia de seguridad estadounidense en la región del Indo-Pacifico. Entre 2015 y 2022, el país recibió $1.140 millones de dólares en armas, equipamiento y entrenamiento, incluyendo $475.3 millones en financiación militar extranjera, en que el Congreso asigna dinero para ayudar a otros gobiernos a realizar compras militares.
Como los proyectiles y balas del ataque de Lee han desaparecido o siguen incrustados en su cuerpo, cualquier evidencia vinculando a Estados Unidos con sus agresores es más difícil de rastrear.
Para complicar la situación, datos públicos sobre las ventas de armas y asistencia militar enviada a todo el mundo cada año no están disponibles, o no están detallados. La mayoría de las transferencias de armas son funcionalmente imposibles de rastrear, porque las armas son transferidas a una agencia central gubernamental para ser distribuidas por el Estado, en lugar de mandarse directamente a una unidad.
Eso significa que no hay manera de saber si algo de los más de $87 millones de dólares en armas (incluidas aviones, rifles, lanzadores de cohetes y más de 6 millones de municiones) enviados a Filipinas en 2018, el año anterior al disparo de Lee, fue enviado al 54.º Batallón de Infantería, o incluso su unidad matriz, la 5.ª División de Infantería.
Pero cuando se trata de entrenamientos, si hay algo de información disponible: Entre 2014 y 2019 (los datos más recientes disponibles), entre 3,500 militares filipinos fueron entrenados con el apoyo de fondos estadounidenses. Y en un ejercicio anual llamado Balikatan, una frase Tagalog significando “hombre con hombro”, miles de militares estadounidenses viajan a Filipinas para entrenar junto a sus tropas.
Según datos recopilados por In These Times a partir de informes del Departamento de Estado y Departamento de Defensa, entre 2014 y 2021, 25 miembros de divisiones de infantería filipinas que estuvieron potencialmente implicados en abusos de derechos humanos recibieron entrenamiento o en Estados Unidos o con financiación estadounidense.
En Luzo, la 7.ª División de Infantería, vinculada con cuatro ejecuciones extrajudiciales, participó en el entrenamiento Balikatan de 2015, y dos oficiales recibieron entrenamiento adicional financiado por Estados Unidos.
En la isla de Mindanao, donde pueblos indígenas y las minorías musulmanas viven bajo una militarización extrema vinculada a operaciones antiterroristas, 11 soldados de la 4.ª y 10.ª Divisiones de Infantería recibieron entrenamiento estadounidense, a pesar de que estas divisiones estaban vinculadas con nueve asesinatos extrajudiciales, y varias desapariciones forzadas durante la última década. En 2023, la 4.ª División de Infantería participo en tres bombardeos aereos en Mindanao.
En el caso del tiroteo de Lee, seis soldados de la 5.ª División de Infantería recibieron algún tipo de entrenamiento estadounidense. La división también participó en el entrenamiento Balikatan en 2018, el año antes del ataque contra Lee.
En Estados Unidos, una de las vías más fuertes para la rendición de cuentas, aunque sean algo limitadas, en cuanto a la asistencia militar es la Ley Leahy. La ley, que lleva el nombre del exsenador Patrick Leahy (D-Vt.), quien introdujo el proyecto de ley hace 27 años, prohíbe que el gobierno estadounidense ofrezca asistencia militar a unidades militares extranjeras creiblemente implicadas en graves violaciones de derechos humanos. Cada año, miles de posibles violaciones de Leahy son examinadas por el Departamento de Estado, que luego ofrece recomendaciones en cuanto a sanciones. Tras Asia, la Ley Leahy ha limitado la asistencia militar, incluyendo a Indonesia en 1999, siguiendo su campaña de tierra quemada en Timor Oriental, y más de una década después a Pakistán, donde unidades militares fueron vinculadas con torturas y ejecuciones extrajudiciales.
En un caso como el de Lee, si hubiera evidencia creíble de que una unidad militar filipina disparó intencionalmente a alguien sin justificación, explica Tim Rieser, un alto asesor de política exterior de Leahy que jugó un papel decisivo en la redacción de la ley, esa unidad no debería ser eligible para recibir asistencia de seguridad.
“Queremos socios que respeten los derechos de los civiles, que respeten las leyes de la guerra, que respeten los derechos humanos”, dice Rieser. “La alternativa es que, hasta cuando las unidades de fuerzas de seguridad extranjeras cometen los peores crímenes y sus gobiernos no hagan nada al respecto, Estados Unidos aun los apoyaran. Eso es indefensible.”
El Departamento de Estado supo sobre el posible papel del ejercito filipino en la violencia contra activistas de Cordillera ya en 2014. Ese año, el Informe de Derechos Humanos de Filipinas señalo sospechas generalizadas que el asesinato de Bugatti estaba vinculado con el 86.º Batallón de Infantería de Filipinas, que tambien forma parte del 5.º Batallón de Infantería de Filipinas.
Cuando Lee recibió la carta amenazadora y la foto de una manta funeraria en 2015, su madre, Louise Lee, lo reportó a Justin Prairie, un oficial en la Embajada de Estados Unidos en Manila. Prairie le dijo a Louise que su oficina buscaría información de las fuerzas armadas sobre el acoso. Louise le rogó a su hijo que se uniera con Prairie también. Pero cuando Lee escucho que Prairie había bromeado que su madre debería ponerle una bolsa en la cabeza a su hijo y sacarlo del pais en avion — evocando, aunque sea sin querer, la forma en que a los activistas filipinos se les cubrieron las cabezas con capuchas antes de ser desaparecidos por el estado — Lee se negó a reunirse con el. Después de eso, Lee y su madre nunca recibieron respuesta de la embajada. (El departamento de Estado se negó a hacer comentarios.)
Pero cuando Lee fue asaltado cuatro años después, el Departamento de Estado se enfrentó con un incidente internacional. Dentro de un dia, establece contacto con la policía de Lagawe. Según records públicos altamente redactados que Lee compartió con In These Times, la policía confirmó que el tiroteo había ocurrido, pero no le ofreció más información al Departamento de Estado, citando la investigación en proceso. Correos electrónicos internos del Departamento del Estado señalaron “inconsistencias” en reportes de progreso policiales, incluida la fecha incorrecta del ataque. En un documento interno de guianza para hablar con la prensa sobre el caso de Lee, el Departamento de Estado enfatiza el tema que sus embajadas extranjeras y consulados “no tienen mayor responsabilidad que la protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero.”
Sin embargo, no hay ningún registro público que sugiera que el tiroteo de Lee resultó en mayor escrutinio del Departamento de Estado. Lee nunca fue mencionado en el Reporte de Derechos Humanos de Filipinas de 2020, y documentos departamentales indican que solo a una unidad militar filipina se le negó asistencia de seguridad entre 2017 y 2022 — una unidad de Guardia Costera involucrada en un tiroteo contra un pescador taiwanes.
Pero la investigación de la Ley Leahy es privada, y un portavoz del Departamento de Estado le comentó a In These Times que no podía compartir detalles sobre ningún caso. Hasta las sanciones pueden ser confidenciales — y con frecuencia lo son, bajo el pretexto de la sensibilidad diplomática.
Otra limitación de la Ley Leahy es que las sanciones no necesariamente detienen los envíos de armas. En medio del genocidio de Israel en Gaza, el Departamente de Estado determino que por lo menos cinco unidades militares Israelíes estaban involucradas en graves violaciones de derechos humanos. Pero en lugar de restringir o poner fin a la asistencia militar, la administración Biden declaró que Israel ya había rehabilitado esas unidades. En un ejemplo, la “remediación” consistió en solo tres meses de servicio comunitario para un soldado de Fuerzas de Defensa de Israel quien asesinó a un civil Plaestinio desarmado en Cisjordania. A mediados de mayo, la administración Biden anunció planes para mandar mil millones de dólares en asistencia militar a Israel.
“En algunos de los casos más atroces,” dice Bill Hartung, un investigador principal del Quincy Institute, “las armas siguen fluyendo.”
El año que Lee fue atacado, 2019, marcó la cúspide de la letal guerra contra las drogas de Duterte. Durante el reinado de terror de Duterte, la evidencia sugiere que unidades policiales creiblemente implicadas en abusos de derechos humanos continuaron armadas y entrenadas con asistencia de seguridad de Estados Unidos. También en 2019, la administración Trump autorizó la exportación de $56 millones en armas, pistolas y municiones a Filipinas a través de ventas comerciales directas. El año siguiente, In These Times concluyó, 18 activistas ambientalistas filipinas fueron asesinados, y la evidencia sugiere que todas las muertes estaban vinculadas con el Estado.
En 2020, en respuesta a la represión de Duterte, representativa estadounidense Susan Wild (D-Pa.) introdujo la Ley de Derechos Humanos de Filipinas, que hubiera suspendido asistencia de seguridad a Filipinas hasta que se reformaran su policía y sus fuerzas armadas. Wild también introdujo una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para 2023 que habría limitado específicamente la asistencia a la Policía Nacional de Filipinas. Ninguno avanzo.
Bajo la administración Biden, a medida de que las tensiones en el Mar de China Meridional se han intensificado, el presidente de Filipinas Ferdinand Marcos Jr. — hijo del dictador notorio Ferdinand Marcos Sr. — ha forjado una alianza aún más íntima con Estados Unidos. Esto no solo ha empujado Filipinas al centro de las delicadas relaciones entre Estados Unidos y China, sino también abre la puerta para que Filipinas reciba más asistencia y más tropas extranjeras. En 2022, Estados Unidos ofrecio $100 millones de dólares en fondos militares extranjeros al militar Filipino para “utilizarlos como quiera.” Este abril, un proyecto de ley bipartidista del Senado propuso enviar a Filipinas $2.500 millones de dólares en asistencia de seguridad durante los próximos 5 años.
Según el Acuerdo de Cooperación de Defensa de 2023, el ejército estadounidense tiene acceso a nueve bases militares en Filipinas, cuatro que se agregaron apenas el año pasado. Una de las bases nuevas es el Campamento Melchor Dela Cruz — hogar de la 5.ª División de Infantería, de la que forma parte el 54.º Batallón.
“El actual régimen [filipino] tiene una especie de control sobre la administración Biden,” dice Hartung, quien ha pedido que se reconsidere la asistencia de seguridad de Estados Unidos al país.
Durante el largo silencio del Departamento de Estado, la comunidad estadounidense de Lee comenzó a hacer campaña no solo para que Lee regresará a Estados Unidos, sino para llamar la atención a lo que había ocurrido y quién era culpable. En una misión de investigación de derechos humanos a Filipina (planeada antes del ataque), el supervisor de la Junta de San Francisco Matt Haney visitó a Lee en el UCI de Baguio. Cuando Haney regresó a casa, su junta — que había expresado su apoyo por Lee cuando fue etiquetado por primera vez — adoptó una resolución demandando su repatriación inmediata, una investigación congresional, y la suspensión de asistencia militar estadounidense a Filipinas.
“Queríamos asegurarnos que el ejército filipino supiera que Brandon estaba bajo la atención internacional”, dice Raquel Redondiez, quien trabajaba para el Distrito de Patrimonio Cultural Filipino de San Francisco, y formó parte de la misión de investigación.
Simpatizantes y organizaciones por todo Estados Unidos y la Cordillera, políticos en Filipinas y hasta entonces-presidenta de la Cámara de Represneanttes Nancy Pelosi imploraron al gobierno flipino que investigaran el asalto contra Lee. Tres años después, la Comisión Filipina de Derechos Humanos publicó su investigación. Citando al “interés” del ejército filipino en Lee, la larga historia de acoso e intimidación, y los asesinatos extrajudiciales de Bugatti y Mayumi, la resolución concluyo que “la participacion del ejercito en el asalto contra Brandon Lee, tan pequeño como sea, no puede ser descontado.” La declaración es quizás lo mas cercano a una admisión de culpabilidad que recibirá Lee, pero desde entonces el caso se ha archivado, y el 54.º Batallón nunca ha tenido que rendir cuentas.
Desde que Lee regresó a América, su lucha por justicia ha sido recibida principalmente con clichés por parte de funcionarios estadounidenses. Después de un largo intercambio con la oficina de Pelosi, mientras Lee luchaba por una investigación independiente estadounidense, dice que fue elogiado como un “héroe”, pero le dijeron que solo podían esperar por una respuesta del Departamento de Asuntos Exteriores. Dos años después, dice que no ha recibido una respuesta. Lee también ha presionado al Consulado Filipino en San Francisco, solicitando que la Comisión Filipina de Derechos Humanos reabriera su caso, pero, dice que el Cónsul General Neil Ferrer le dijo que no estaba dentro de su ámbito.
En una declaración por correo electrónico, el Consulado Filipino clarificó que el Cónsul General ha buscado actualizaciones periódicas de la Comisión de Derechos Humanos en cuanto al caso de Lee, y recomendó que Lee tome cualquier acción legal apropiada, y busque asistencia de autoridades estadounidenses.
“El gobierno filipino está firmemente comprometido con la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho”, concluye el comunicado.
El último mes de Lee en Filipinas lo pasó en un hospital en Manila, a más de 200 millas de la Cordillera. Estaba paralizado del pecho hacia abajo, estaba en un respirador y le practicaron una traqueotomía temporal. La última operación lo dejó incapaz de hablar. Desde su cama de hospital, Lee pensó, tal vez tuvieron éxito: me silenciaron.
En los meses y años que siguieron, el Movimiento Campesino Ifugao se desintegró y finalmente se disolvió. La oficina en Lagawe fue abandonada. Hoy, ex-camaradas de IPM solo hablan sobre lo que pasó con Lee cuidadosamente. De los asesinatos de Bugatti y Mayumi no se habla para nada. Es difícil verlo como exactamente el impacto paralizador que buscaban el Estado y los militares: destrozar un movimiento de defensores.
Aun así, algunos han persistido.
En octubre de 2023, en el cúspide de la temporada de cosecha, el ex-vicepresidente del IPM, un granjero indigena llamado Dick, condujo su camioneta azul a través de cinco pueblos cerca de Lagawe, intentando general una vez más oposición al Proyecto HIdroeléctrico Alimit que, cinco años antes, había desgarrado a su comunidad. Durante dos días — entre tazas de café instantáneo y platos de arroz, de una casa a la siguiente — Dick explicó como la presa, aún en su etapa de planificación, desplazaría la comunidad, sumergiera sus granjas y desviará su agua. Advirtió que los beneficios que prometía la compañía — que construirán carreteras, proveían electricidad gratis y reubicarán a los lugareños a tierras mejores — jamás llegarían.
“Aboitiz vino solo para persuadirnos, y ya que tienen lo que quieren, se iran y nosotros sufriremos,” dice Marceline Wagdang, miembro del grupo comunitario Hapiyo, que formaron Dick y otros miembros de la comunidad en 2020 como sucesor del IPM para luchar contra el proyecto hidroeléctrico. “El dinero es algo poderoso — puede matar a la gente.”
El pueblo de Wagdang, Olilicon, una comunidad de un poco menos de 500 personas, está dividida sobre el proyecto, pero algunos de sus vecinos, incluyendo el funcionario electo local, lo apoyan publicamente. Wagdang no ve ningun beneficio. Arroz, un alimento esencial cultivado por muchos que dependen del rio, es caro de comprar en la tienda. Cultivar alimentos los mantiene vivos. El proyecto hidroeléctrico los podría matar de hambre.
Wagdang consiguió 70 firmas en una petición contra la presa — enfureciendo al oficial del pueblo. Estaba movilizando a su comunidad sola, y a veces hasta fue amenazada — una vez, hasta por su propio sobrino, quien le advirtió: “Solo mira si no te pasa algo malo.”
Desde que le dispararon a Lee, el ejército ha tenido una presencia reducida en Lagawe, aunque sigue activa en Ifugao. Después de que Hapiyo empezó a circular su petición, Dick noto que hubo una operación policial en un pueblo vecino. En una region que ha sufriddo durante mucho tiempo el terrorismo estatal, no praece coincidencia.
En los ultimos años, la 5.ª División de Infantería ha llevado a cabo bombardeos aereos indiscriminados en toda la Cordillera, supuestamente dirigidos al NPA. También han continuado las etiquetas rojas, junto con reclamaciones infundadas y ataques militares. El otoño pasado, mientras Dick hablaba con sus vecinos, un granjero de otra provincia en la Cordillera, Antonio Diwayan, fue asesinado por miembros de la 5.ª División de Infantería. La división afirmó que Diwayan, un hombre mayor conocido en su comunidad como un minero y granjero en pequeña escala, era miembro del NPA que había sido asesinado en un enfrentamiento armado. El día que mataron a Diwayan, la división posteo una foto borrosa en su página de Facebook de un rifle enseguida del cuerpo muerto de un “miembro de NPA” no identificado.
“Es muy difícil, hasta para nosotros, entender por qué los granjeros…terminan siendo víctimas de operaciones de combate militares,” dice Audrey Beltran, vicepresidenta de la Alianza de Derechos Humanos de la Cordillera. “El caso de Diwayan es indicativo de como políticas estatales ven el valor de civiles inocentes.”
Casi al mismo tiempo, activistas ambientalistas Jhed Tamano y Jonila Castro fueron secuestrados e interrogados por casi tres semanas por presuntos miembros del 70.º Batallón de Infantería, parte de la 7.ª División de Infantería en Luzon. Bajo amenazas y coacción, firmaron una declaración jurada “afirmando” que eran miembros del NPA. Pero en una conferencia de prensa después de su liberación, se negaron a mentir y hablaron sobre el papel del Estado en su desaparición. Ahora enfrentan “graves cargos de difamación” por el Departamento de Justicia de Filipinas.
Incluso las organizaciones de derechos humanos — las que defienden a los defensores — han sido atacadas recientemente, dice Beltran. En 2023, el Consejo Antiterrorista — un organismo gubernamental apuntado por Duterte que ha intensificado las etiquetas rojas y facilitado el arresto de activistas filipinos — utilizo una pagina completa del periodico Manila Times para etiquetar a cuatro trabajadores de la red de derechos humanos Alianca Cordillera como terroristas. En mayo, personal militar distribuyó volantes en Kalinga, proclamando que la Alianza de Derechos Humanos de Cordillera y la Alianza de Cordillera eran NPA.
También en mayo, la Corte Suprema de Filipinas emitió una decisión declarando que las etiquetas rojas son una amenaza al “derecho a la vida, la libertad y la seguridad”, una decisión celebrada por organizaciones de derechos humanos y ambientalistas. El Presidente Marcos aún no ha respaldado la decisión ni ha adoptado medidas para criminalizar la práctica, pero comentarios recientes sugieren que es poco probable que apoye investigaciones de su propio gobierno.
A pesar de la casi certeza de retaliación, en agosto de 2023, después de que Dick manejo de pueblo a pueblo, unas 50 personas se juntaron en un rincón de Ifugao para una asamblea general de Hapiyo. Aunque el proyecto estaba estancado, sabían que la amenaza de esta u otra presa persistir.
“No dejaré de luchar,” dice Dick, “hasta que físicamente ya no pueda.”
En una declaración por correo electrónico, SN Aboitiz Power dijo que habían pasado cuatro años en diálogo con los pueblos indígenas y líderes comunitarios, respondiendo a la oposición al proyecto y ultimadamente consiguiendo el apruebo de cuatro pueblos indígenas. El proyecto se suspendió por la pandemia y ahora está en revisión para considerar un componente adicional.
Un mes después y a un océano de distancia, en San Francisco, Lee se unió a manifestaciones contra el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico, una conferencia de libre comercio que había traído a Marcos a Estados Unidos. En 2015, pronto después de regresar a IPM, Lee se unió a sus camaradas a protestar en un foro en Manila. Ocho años después, conduciendo una silla de ruedas motorizada en la calle Market, con una tela Ifugao roja sobre los hombros, Lee de nuevo estaba en primera línea. Aunque ahora Lee habla más lentamente, ha recuperado la voz — un hecho que no da por sentado.
“Hay miles que fueron extrajudicialmente asesinados antes que yo, y que ya no pueden hablar,” dijo Lee. “Hay quienes fueron secuestrados, sus comunidades bombardeadas y militarizadas. Y no pueden hablar. Asi que con cualquier plataforma que tenga, hasta si solo soy yo quien comparte lo que está sucediendo ahi, lo seguire haciendo.
Este artículo fue apoyado por el Instituto Leonard C. Goodman de Periodismo de Investigación.
Aaliyah Berryman, Thomas Birmingham y Joyce Li verificaron los hechos.
